La promulgación de la Ley del Libro es quizás el acontecimiento cultural más importante del año en el Perú, no sólo por sus implicaciones en el ámbito educativo, sino porque reconoce el vasto proceso de producción y fijación del conocimiento, actividad muy poco valorada en nuestro país. La aparición de esta norma remata una campaña civil que duró varios años y, por lo mismo, no debe hacer dormir en sus laureles a los actores implicados en ella; más bien, incumbe reanimarlos para que el libro realmente sea un objeto asequible a los lectores y, sobre todo, ampliar el horizonte de expectativas con una oferta variada. Para ello no sólo basta con importar las últimas novedades editoriales del extranjero, sino de estimular aquí nuestra propia creatividad intelectual.

Otro suceso determinante fue la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Este recuento de los terribles años de violencia, sin embargo, en vez de despertar el debate y la reflexión, fue recibido por la indiferencia que precisamente denuncia. La clase política en general —en actitud defensiva más que conciliadora— se limitó a una rápida lectura de sus conclusiones, con lo que demostró su desinterés por el problema, gesto que fue imitado por buena parte de la sociedad peruana.

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