En
una de las marchas convocadas a raíz de la
"desexoneración" del IGV a los espectáculos
culturales —medida que finalmente se desestimó—,
el cineasta Armando Robles Godoy comentó su
malestar aludiendo al sistemático desprecio
del Estado hacia todo lo que tenga que ver con el
ámbito cultural. "Cultura no es sólo
el folclore. Cultura lo es todo. Incluso la economía
es cultura", sentenció en esa ocasión.
Suena
a estribillo conocido, pero no se puede negar que
nuestros gobernantes han sido malacostumbrados por
las visiones políticas de corto plazo y no
se atreven o no pueden superar la estrechez de miras
a que nos tienen acostumbrados para tocar la peliaguda
esponja de lo cultural. Lo prueba el informe del economista
del PNUD acerca de los costos operativos de la Ley
del Libro, al calificarlo como un "objeto suntuario"
(?), de lo cual se deduce que en este país,
si uno gana bien, puede acceder al derecho exclusivo
—y excluyente— de leer un libro.
Pues,
en un país como éste, ¿para qué
demonios se necesita un libro? Sometidos a los implacables
dictámenes de la cotidianidad y a la oferta
desbordada de desempleo (porque si no se trabaja,
ni la barriga ni el corazón están contentos),
los peruanos de hoy en día han dejado de lado
el hábito de la lectura. Lo prueban las estadísticas
de la UNESCO: el Perú, junto con Haití,
es uno de los países que menos lee en América
Latina. Para muchos, el libro es un objeto prescindible,
apolillado, neutro; y ni todo lo que tenga que ver
con él sacará a uno de la pobreza material
que lo rodea. Hay que estudiar carreras competitivas,
hay que ser un "monstruo en computación",
se escucha por doquier. Sólo así saldremos
del subdesarrollo, repiten los corifeos de la radio,
la televisión y los periódicos. En este
país, donde la miseria también apesta,
leer un libro decididamente es un lujo.
Efectivamente,
y volviendo a citar a Robles Godoy, cultura lo es
todo. Incluso la incultura. O la ignorancia, que significa
un total oscurantismo de la razón y del conocimiento,
y que suele manifestarse de forma abrupta en quienes
supuestamente administran el país. Convertir
al libro en objeto suntuario provoca asombro en todas
partes. Al parecer, se confirma un despropósito
de la educación universitaria, en la que uno
invierte su buen billete: o no se imparte bien o hay
un teléfono malogrado. Se supone que mediante
ella se forman los economistas y éstos acuden
a bibliotecas, consultan ficheros y se llevan a los
textos que les han dejado los maestros para leer —sea
de autores como Marx, Keynes o el último gurú
de la administración o la nanotecnología—
a la comodidad de sus hogares.
Lamentable
designio de la universidad, que sólo se ha
dedicado a formar "profesionales" a quienes
lo único que les interesa es asegurar el bienestar
de sus bolsillos. Resulta triste comprobar que en
la universidad la fotocopiadora ha desplazado la provechosa
lectura de un original, al erigirse como un negocio
provechoso y que saca del apuro a los incautos estudiantes.
Lastimoso fracaso, por ende, de una educación
superior pragmatista, resultadista, y que sólo
sirve para conservar el conocimiento y no para re-crearlo,
es decir, para producir conceptos y valores novedosos
a partir de la reformulación creativa de lo
ya sabido. Si seguimos ascendiendo, veremos que esta
visión, a la que malamente se conoce como "tecnocrática",
aunque no la asociemos directamente con un predominio
tecnológico definido, se ha impuesto como paradigma
del ejercicio del poder político y económico
en la clase dirigente y empresarial peruana. De ahí
el sistemático desprecio y desvaloración
a la cultura —acentuados con el dogma neoliberal
que campeó en la década de 1990—
a los que nos referíamos al iniciar este artículo.
Ahí
estaría, por una parte, un argumento que explicaría
la renuencia de ciertos sectores a que el Gobierno
promulgue la Ley del Libro. En la otra esquina del
cuadrilátero, nos encontramos con los intereses
de la gente a la cual le interesa ciertamente que
se promulgue una ley —autores, editores, lectores—
y su representatividad como fuerza institucional.
Con esto no queremos insinuar que la Cámara
Peruana del Libro sea la panacea de todos los males
y que convendría darle más atribuciones
organizativas —lo cual sería un paso interesante—,
sino más bien tratar el reforzamiento de la
actividad editorial en nuestro país.
Formales
versus informales
Durante
unas entrevistas acerca de la problemática
editorial que efectué para la revista Business
(agosto-octubre de 2001), muchos editores afirmaron
que la esta actividad carecía de profesionalismo
alguno. Existe, en su opinión, un descuido
de aquellos editores que no cumplen con los derechos
de autor ni menos se preocupan por el producto final.
Asimismo, los autores deben hacer valer sus atribuciones
sobre la propiedad intelectual. No puede ser, como
ha sucedido en muchos casos, que el autor mismo se
encargue de hacer la prensa, distribuir y cobrar a
las librerías sus propios libros. Eso bien
pudo suceder anecdóticamente hace medio siglo
(el caso de Congrains, por ejemplo), pero no en una
época en que con apretar un botón uno
puede contactarse con medio mundo.
Criticamos
la improvisación y la mala fe en la actividad
editorial peruana. Criticamos su falta de sentido
común y su desconsideración con respecto
a la labor intelectual. Ello la vuelve poco atractiva,
nada rentable e insignificante en comparación
con países como Brasil, Colombia, Argentina
—que, a pesar de sus crisis respectivas, poseen
las industrias editoriales más activas en castellano—,
México y ni hablar de España.
La
piratería se aprovecha de estas falencias.
Es la respuesta de la demanda a un sistema oneroso
y excluyente. Es preferible comprar, por ejemplo,
un libro de Alfredo Bryce a 25 nuevos soles en la
calle que hacerlo en la librería El Virrey
de Dasso, donde me cuesta 30 nuevos soles más.
¿Qué dejo de pagar con esa diferencia?
Derechos de autor, impuestos, costos de impresión,
de papel, publicidad, distribución, etcétera.
Es decir, lo que supuestamente volvería a la
actividad editorial peruana más dinámica
y competente en la actualidad, al ofrecernos productos
que valgan la pena, ediciones críticas, autores
noveles que quieran publicar sus libros acá
(y ya no esperanzada en que algún consagrado
publique su vigésimo octava novela para que
las cuentas terminen a fin de año en azul).
Los formales carecen de visión emprendedora
—porque no saben programar sus costos y no son
profesionales— y, por otro lado, la informalidad
nos ofrece cierta satisfacción en detrimento
de la oferta convencional y lo encarecido de sus precios.
Sin
embargo, la piratería revela su minusvalía
cuando nos entrega un producto deficiente, hecho al
porrazo, sin mayor consideración para el lector.
Un libro pirata se parece a aquellos programas de
televisión locales que hacen pastiche de los
extranjeros de manera descarada. En ese sentido, el
editor pirata no se diferencia mucho del tecnócrata
o del economista neoliberal. A todos éstos
sólo les interesan sus ganancias, destrozar
a la competencia y conservar su posición de
privilegio.
Entonces,
la Ley del Libro debe enfocarse a reforzar la actividad
editorial (ojo, no consentirla con favores desmesurados,
que pueden ir en desmedro de los propios editores)
y que ésta inicie el arduo camino de profesionalizarse
y convertirse en industria. Sólo así
se podrá vencer a la piratería con el
abaratamiento de los costos y ofreciendo ediciones
de mayor calidad. Y de este modo podremos ponernos
a la par de otros países de América.
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